LA MUERTE ESCONDIDA TRAS LA MÁSCARA DE LOS DD.HH.

Si no estáis prevenidos ante
los medios de comunicación
os harán amar al opresor  y
odiar al oprimido. MALCOM  X.

Uno de los temas más recurrentes impulsados en los últimos años por las políticas de los países dominantes es, sin dudas, el del terrorismo y la necesaria defensa de los derechos humanos como un apéndice indiscutible. Estos dictados, que llevan adelante guerras e intervenciones para preservar aquellos derechos, son voceados  a mansalva por los medios de comunicación que adhieren sin chistar a dichas políticas. No hay día en que no nos inunden con la noticia de los reiterados  pronunciamientos de los gobiernos que, tan  preocupados por los derechos a la vida y a la libertad de los pueblos, no dudan sin embargo en masacrar –directa o indirectamente- aquellas facultades que simulan proteger. Este último, es el aspecto que en general los medios olvidan mencionar, porque tal actitud forma parte de la complicidad que les cabe en apoyo a la hipocresía reinante.

Archi reiterada resulta, por ejemplo, la prédica constante que EE.UU. proclama a los cuatro vientos sobre la necesidad de poner coto a la falta de derechos humanos que el régimen castrista le infiere a su pueblo. Por mencionar al azar sólo dos países de Europa donde los medios, en mayor o menor medida y cada uno a su estilo, apoyan sin tapujos la apreciación imperial de lo que habría que hacer o no hacer  en Cuba para poner fin a los supuestos derechos conculcados, son España y Suecia. El cerco establecido hace más de medio siglo a la isla con las criminales consecuencias recaídas sobre  la población cubana, nunca resulta para los sumisos mensajeros un tema de cuestionamiento y, menos aún, de reflexión que ubique al bloqueo como una acción violadora de los derechos humanos. El ejemplo, resulta uno de los innumerables flagrantes actos cuyos efectos devastadores salpican el orbe, desde la mano del poder capitalista y la obsecuencia cómplice de los medios.

Frente a ese panorama, al que nos resistimos a habituarnos al influjo de la machacona reiteración de hechos que podría inducir a la indiferencia, nos sentimos por el contrario, proyectados  a la necesidad de no perder oportunidad ni espacio para divulgar el alcance de la hipocresía y doble moral que conducen los destinos de la humanidad.

En los últimos días, noticias internacionales y revelaciones efectuadas en Suecia, nos arrojan al rostro dos muestras denigrantes de cómo funciona aquella mentalidad que sobrepone la codicia -individual o institucional- por sobre los valores humanos, diría sobre los derechos humanos, con los que se hacen gárgaras pour la galerie los poderes fácticos que sostienen al sistema capitalista.

Comencemos por casa. La proverbial imagen de Suecia que gira en el imaginario se cubre de todo tipo de virtudes pero, fundamentalmente, de aquellas que apuntan a una ética cuya pulcritud se sostiene en los pilares de la honestidad y el honor. Por lo menos ese es el discurso que nos venden desde las fuentes del poder institucional. Ese mismo que hoy, sorprendido in fraganti, no atina a como sacarse de encima el fardo que lo muestra en toda su vergonzante falsedad.

En Suecia existe una ley que prohíbe la exportación de armas a países que ostenten dictaduras y donde se atropellen a los derechos humanos. Acotemos que el país nórdico, en proporción con el número de habitantes, es el mayor exportador de armas en el mundo. Aquella ley contribuiría entonces a no agravar la situación de pueblos que sufren la violación de sus derechos y resultaría acorde con la moral que se predica hacia fuera.  Sin embargo, acaba de salir a luz un llamado Proyecto SIMOON mediante el cual Suecia no sólo continúa proveyendo de armas y asesoramiento a Arabia Saudita (país incluido en la prohibición) cosa que hace en forma solapada desde el 2005, sino que mantiene un convenio TOP SECRET mediante el cual establece la construcción en aquel Estado asiático de una fábrica de armamentos. Las 35 edificaciones que la constituirían tienen como objeto la modificación y renovación de robots, tanques y carros blindados así como la fabricación de explosivos y misiles. Saab y Ericsson, son algunas de las firmas suecas oficiantes en aquella creación. Como si esto fuera poco, corresponde anotar la otra infame simulación que el Estado llevó adelante. Ante la exigencia sine quanon de A. Saudita de que no fuera cualquier empresa la responsable del proyecto sino el propio Estado. 

Éste, viendo comprometido así su buen nombre, se protege y elude la disposición legal creando una empresa fantasma (SSTI) que le sirve de testaf rro. De esta manera puede llevar adelante el multimillonario negocio sin que los derechos humanos se enteren de la cínica estratagema.

Mientras tanto, nos enteramos a través del informe de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN por sus siglas en inglés) que existen más de 300 bancos, fondos de pensión y compañías de Seguros que financian la fabricación de armas nucleares. Dos de los más grandes bancos de España, el Santander y el BBVA, forman parte destacada en la lista de aquellas instituciones financieras. ¿Cuán numerosos cacareos se han escuchado sin embargo desde aquellos ámbitos hispánicos respecto a la necesidad de defender los derechos humanos de la isla caribeña, por reiterar sólo el ejemplo mencionado más arriba?  Incontables. ¿Cuántas veces, en cambio, hemos sabido a través de los medios  vernáculos o internacionales de una reclamación o una protesta por la concesión de créditos del Banco Santander y el BBVA y la propia emisión de bonos a 10 reconocidas empresas que fabrican armas nucleares, así como misiles y submarinos para su lanzamiento ? Los derechos humanos de las eventuales víctimas de armas tan silenciosa y cínicamente financiadas, no figuran en los contratos de las multimillonarias transacciones.

Para terminar, coloquemos la frutilla que faltaba. Más de la mitad de los 300 bancos que, en 30 países, comparten con otros gestores la indignante financiación de la industria mundial de las armas nucleares, están radicados en la tierra  de la defensa de los derechos humanos por antonomasia. Por supuesto, EE.UU., por si cabía alguna duda.